El cohecho y el soborno a funcionarios, explicado para empresas

Para una empresa que contrata con el Estado, el cohecho es el delito de corrupción más directo: castiga tanto al funcionario que recibe como al particular que ofrece o promete un beneficio indebido para torcer una decisión pública. No hace falta que el dinero “rinda”: muchas veces basta el ofrecimiento. Está previsto en los arts. 256 y siguientes del Código Penal.

Cohecho pasivo y cohecho activo

El cohecho pasivo es la conducta del funcionario público que recibe, acepta o exige dinero o una dádiva —para sí o para un tercero— a cambio de hacer, retrasar o dejar de hacer un acto propio de su cargo. El cohecho activo es el reverso: el particular o empresario que ofrece, promete o entrega ese beneficio. Son dos caras de la misma operación, y ambas son punibles de forma autónoma: que el funcionario no haya aceptado no borra el ofrecimiento, y que el particular no haya ofrecido no borra la exigencia del funcionario.

El Código Penal contempla, además, modalidades agravadas cuando el cohecho apunta a torcer la actuación de un juez o a obtener decisiones especialmente sensibles. La magnitud de la respuesta penal depende de la figura concreta y de la normativa vigente, que conviene verificar caso por caso.

Por qué le interesa al empresario

El error frecuente es pensar que el delito “lo comete el funcionario”. No es así: quien paga o promete la coima comete cohecho activo, aunque el funcionario nunca cumpla lo pactado. En contrataciones, licitaciones y trámites sensibles, un “agradecimiento”, una comisión informal o un pago “para destrabar” un expediente pueden encuadrar como soborno. La etiqueta que se le ponga internamente —“gasto de relaciones”, “honorario”, “comisión”— no cambia la sustancia si lo que hubo fue un beneficio para influir sobre un acto público.

El riesgo se agrava cuando el pago se canaliza por terceros: un consultor, un agente o un intermediario que “resuelve”. La empresa que terceriza el contacto no se desentiende: si el pago se hizo en su interés o beneficio, la responsabilidad puede alcanzarla igual. Por eso conviene leer también Cohecho y corrupción de funcionarios para ver el panorama completo de las figuras vinculadas.

Cuándo se consuma

La figura tiende a consumarse con el acuerdo venal o, incluso, con el solo ofrecimiento o promesa, sin que importe que el acto prometido se ejecute. Esto adelanta mucho la línea del riesgo penal: una conversación, un mensaje o una entrega parcial pueden bastar para que el hecho ya esté completo a los ojos de la justicia. La consecuencia práctica es clara: no hace falta esperar a que “pase algo” para que la causa exista, y la prueba suele construirse sobre comunicaciones, movimientos de dinero y testimonios.

El riesgo para la empresa

Además de las personas físicas que intervinieron, la empresa puede responder vía Ley 27.401 (ver Responsabilidad penal de las personas jurídicas). No reemplaza la responsabilidad individual: se suma a ella, de modo que en una misma causa pueden quedar imputados el empleado que pagó, el directivo que avaló y la sociedad. Un programa de integridad real y anterior al hecho puede atenuar o, cumpliendo requisitos, eximir a la empresa. Estas causas suelen tramitar en el fuero federal cuando comprometen intereses del Estado nacional, y se enmarcan en la práctica del derecho penal económico.

En resumen: el cohecho castiga a quien recibe y a quien ofrece; suele consumarse con el solo acuerdo o promesa, y puede alcanzar a la empresa, no solo a la persona que pagó.

Contenido informativo sobre derecho penal económico y federal; no es asesoramiento legal y su aplicación a un caso concreto debe confirmarla un abogado. Las escalas y los montos dependen de la normativa vigente.