El compliance anticorrupción en la empresa: prevenir el cohecho y el soborno

El compliance anticorrupción es la parte del programa de integridad que ataca el riesgo más sensible para la responsabilidad penal empresaria: el cohecho y el soborno a funcionarios. Es el núcleo de la Ley 27.401, porque el régimen alcanza sobre todo a delitos ligados a la corrupción y a la relación con la administración pública. Un buen control anticorrupción no es burocracia: es lo que evita que la conducta de un empleado o un intermediario arrastre a toda la compañía.

Por qué la corrupción es el riesgo central

La Ley 27.401 no responsabiliza a la empresa por cualquier delito, sino por un grupo acotado vinculado principalmente al cohecho, el tráfico de influencias y figuras conexas, en sus modalidades nacional y transnacional. De ahí que el compliance se concentre en el punto de contacto más peligroso: cada vez que la empresa trata con un funcionario público, participa en una licitación o se vincula con el Estado, aparece el riesgo que el régimen busca controlar.

Es importante entender la lógica del régimen: no castiga a la empresa por la mala conducta de cualquiera de sus empleados en cualquier contexto, sino por delitos cometidos en su nombre, interés o beneficio que tengan que ver con esa relación con lo público. Por eso un compliance anticorrupción bien orientado no intenta vigilar todo, sino blindar específicamente los procesos donde la empresa se cruza con el Estado, que es donde el riesgo penal empresario se concentra.

Qué controles incluye

Un programa anticorrupción serio suele contemplar:

• Políticas de regalos, hospitalidad y atenciones, con límites y registro.
• Reglas sobre viáticos, donaciones y aportes que puedan rozar a funcionarios.
• Debida diligencia reforzada de intermediarios, gestores y consultores que actúan ante el Estado.
• Controles sobre contrataciones públicas y licitaciones.
• Capacitación específica para las áreas más expuestas (comercial, compras, asuntos públicos).

No se trata de prohibir todo, sino de fijar pautas claras y dejar rastro documental de que se cumplieron.

El eslabón débil: los terceros

Buena parte de los riesgos no nace dentro de la empresa, sino en los terceros que actúan en su nombre: representantes, agentes, despachantes. Por eso la debida diligencia de proveedores e intermediarios es central. Una empresa puede quedar expuesta por el pago que hizo un gestor para “agilizar” un trámite, aunque la cúpula no lo haya ordenado. Documentar a quién se contrata, por qué y bajo qué condiciones es parte del blindaje.

El “pago de facilitación” para destrabar un trámite es, justamente, una de las prácticas más extendidas y más peligrosas. Muchas veces se presenta como algo menor o como “la forma en que se hacen las cosas”, pero puede configurar el delito que el régimen castiga y comprometer a la empresa. Un programa serio lo prohíbe de manera expresa, lo explica en la capacitación y ofrece a los empleados una vía clara para decir que no sin perjudicar el negocio. Cuando la regla está escrita y difundida, la empresa puede demostrar que no toleraba esa conducta.

El valor frente a la Ley 27.401

Un programa anticorrupción adecuado y anterior al hecho puede atenuar o eximir de responsabilidad penal a la empresa. Es la pieza que mejor dialoga con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque ataca justamente los delitos que el régimen castiga. Estas causas suelen tramitar en el fuero penal económico y federal, donde acreditar controles serios y previos puede cambiar por completo la posición de la compañía.

En resumen: el compliance anticorrupción se enfoca en prevenir el cohecho y el soborno a funcionarios, con políticas de regalos, control de terceros y capacitación específica; bien implementado y previo al hecho, puede atenuar o eximir de pena a la empresa.

Contenido informativo sobre derecho penal económico y federal; no es asesoramiento legal y su aplicación a un caso concreto debe confirmarla un abogado. Las escalas y los montos dependen de la normativa vigente.