El fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5)

Para el contratista del Estado, el fraude a la administración pública es la figura que convierte una “estafa” común en un delito agravado por la víctima: el Estado. Está en el art. 174 inc. 5 del Código Penal y reprime la defraudación —el ardid o engaño que causa un perjuicio patrimonial— cuando recae sobre una administración pública.

Qué es, en concreto

El núcleo es el de la estafa: se obtiene un beneficio indebido mediante ardid o engaño, provocando un perjuicio económico. Lo que la agrava es quién la sufre: cuando el perjudicado es el Estado, la ley castiga con mayor severidad. Sobrecertificar obra no ejecutada, facturar bienes o servicios no prestados, o inflar cantidades en una contratación son ejemplos típicos del tipo de maniobra que se discute en estas causas.

El elemento que no puede faltar es el ardid o engaño: una puesta en escena que hace que la administración pague o reconozca algo que no corresponde. No alcanza con que haya una diferencia o un sobreprecio; tiene que existir una maniobra dolosa que indujo al error. Por eso la prueba suele girar en torno a documentación, certificaciones, remitos y peritajes que muestren la distancia entre lo facturado y lo realmente entregado.

La diferencia con el cohecho

Conviene no confundir. El cohecho castiga el soborno: ofrecer o recibir un beneficio para torcer un acto. El fraude castiga el ardid que daña el patrimonio estatal. En la práctica pueden aparecer juntos —una coima que destraba una certificación falsa, por ejemplo—, pero el eje del fraude es el perjuicio económico, no el pacto venal.

Por qué el privado también responde

Un error frecuente es creer que solo responde el funcionario. No es así: el particular que ejecuta o participa del ardid que defrauda al Estado —el proveedor que factura de más, el contratista que certifica obra inexistente— puede quedar imputado. Y cuando la maniobra se canaliza por una empresa, conviene revisar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el rol del compliance.

En muchos casos, el fraude no actúa solo: aparece encadenado a un cohecho que “compró” la firma del funcionario que debía controlar, o a un conflicto de intereses que facilitó el visto bueno. Deslindar quién hizo qué —quién ideó la maniobra, quién la ejecutó, quién la avaló por descuido y quién por dolo— es una parte central del trabajo, porque no todos los que firmaron un papel actuaron con la misma intención.

Dónde se discute

Estas causas, cuando comprometen fondos del Estado nacional, suelen tramitar en el fuero federal y se trabajan en el marco del derecho penal económico. La defensa pasa por distinguir el incumplimiento o la diferencia contractual —materia civil o administrativa— del ardid doloso, que es lo único que el tipo penal castiga.

Esa frontera es decisiva: un proveedor puede haber cumplido mal, tarde o de forma discutida sin haber engañado a nadie. La obra que se atrasó, el servicio que no satisfizo o la cantidad que se interpretó distinto pueden ser conflictos contractuales legítimos, resolubles por las vías civiles o administrativas, sin que haya delito. Confundir ese terreno con el penal es, justamente, lo que una buena defensa debe impedir, apoyándose en la documentación de la relación y en pericias técnicas y contables.

En resumen: el fraude a la administración pública es una estafa agravada contra el Estado; su eje es el perjuicio patrimonial por ardid, y puede alcanzar al privado que lo protagoniza, no solo al funcionario.

Contenido informativo sobre derecho penal económico y federal; no es asesoramiento legal y su aplicación a un caso concreto debe confirmarla un abogado. Las escalas y los montos dependen de la normativa vigente.