La determinación de oficio y la denuncia penal tributaria: cómo nace la causa

Casi ninguna causa penal tributaria aparece de la nada: nace tras la determinación de oficio del organismo recaudador. Entender ese recorrido le da a la empresa una ventaja enorme, porque la mejor defensa empieza antes de que el expediente llegue a un juzgado penal, cuando todavía hay margen para evitar la denuncia.

El punto de partida: la determinación de oficio

La determinación de oficio es el acto por el cual AFIP/ARCA fija la deuda que entiende existente cuando no comparte lo declarado por el contribuyente. Es un acto administrativo: establece un monto, pero todavía no es una denuncia penal.

Acá se discute la base de todo lo que vendrá. El procedimiento de determinación tiene sus propias etapas y oportunidades de defensa, en las que la empresa puede aportar prueba, discutir criterios y ofrecer explicaciones. Lo que se resuelva en esta instancia condiciona pesadamente lo que ocurra después en sede penal, porque la denuncia se construye sobre estos números.

De la determinación a la denuncia penal

Si el organismo entiende que, además de la deuda, se superó el umbral con dolo, formula la denuncia penal. Recién en ese momento interviene la justicia penal —económica o federal, según el caso—.

El orden importa y conviene tenerlo claro: primero se fija el monto en sede administrativa y después llega —o no— la imputación penal. No toda determinación termina en denuncia: solo aquellas en las que el organismo ve, además del monto, una maniobra dolosa que supera el piso legal. Esto significa que hay un espacio real para que la causa nunca llegue a lo penal.

Por qué la etapa administrativa decide el partido

Como la denuncia se apoya en la determinación, discutirla bien y a tiempo puede:

• Reducir el monto por debajo del umbral, sacando la conducta del terreno penal.
• Mostrar que no hubo dolo, sino una discrepancia técnica o un criterio razonable.
• Mejorar la posición para una eventual salida posterior, si la denuncia igualmente se produce.

Esperar a la denuncia para reaccionar es, muchas veces, regalar la mejor etapa de la defensa. Cuando la empresa llega al juzgado sin haber trabajado la instancia administrativa, lo hace en peor posición.

Qué hacer apenas aparece la determinación

Conviene actuar de inmediato: revisar cómo se calculó la deuda, qué tributos y ejercicios abarca y si realmente se supera el umbral vigente (que se actualiza y que la reforma de 2025 elevó). Desagregar la determinación tributo por tributo y ejercicio por ejercicio suele ser el primer trabajo técnico.

Y conviene tener presente, desde el inicio, la posibilidad de extinción por pago como una de las salidas disponibles.

Dos defensas en una sola causa

Una particularidad de estos casos es que la empresa suele litigar en dos frentes a la vez: el administrativo, donde se discute la deuda, y el penal, donde se discute el delito. Aunque son procedimientos distintos, están entrelazados: lo que se diga o se pruebe en uno puede repercutir en el otro.

Esto exige coordinación. Una estrategia que mira solo el frente administrativo puede perder de vista el riesgo penal, y una que mira solo el penal puede desaprovechar la mejor instancia para desactivar la causa. Por eso conviene que ambas defensas se piensen juntas, con una mirada integral del conflicto.

El mensaje de fondo es simple: cuando aparece una determinación de oficio que podría derivar en denuncia, el momento de actuar es ahora, no cuando llegue la citación penal. Ver Evasión fiscal y delitos tributarios y La extinción de la acción penal por pago, en el marco del derecho penal económico.

En resumen: la causa penal suele nacer de la determinación de oficio de AFIP/ARCA; discutir bien esa etapa administrativa puede evitar o acotar la denuncia penal. La defensa empieza antes del juzgado.

Contenido informativo sobre derecho penal económico y federal; no es asesoramiento legal y su aplicación a un caso concreto debe confirmarla un abogado. Las escalas y los montos dependen de la normativa vigente.