La responsabilidad penal de la empresa en operaciones en el extranjero

Operar en el extranjero no pone a la empresa fuera del alcance de la ley penal argentina: el cohecho transnacional está contemplado entre los delitos de la Ley 27.401. El soborno a un funcionario público extranjero para conseguir o conservar un negocio puede comprometer a la compañía igual que si ocurriera dentro del país. Por eso el compliance internacional no es un lujo de multinacionales: es la protección de cualquier empresa que cruza la frontera.

El cohecho transnacional

La Ley 27.401 alcanza el cohecho en sus modalidades nacional y transnacional. Esto significa que pagar o prometer un beneficio indebido a un funcionario extranjero para obtener una ventaja en una operación internacional puede generar responsabilidad penal para la empresa en la Argentina. La idea de que “afuera las reglas son otras” es una trampa peligrosa: el régimen apunta precisamente a las prácticas que algunos justifican como “costumbre del lugar”.

A esto se suma una realidad que muchas empresas exportadoras descubren tarde: la conducta puede tener consecuencias en más de una jurisdicción a la vez. Una operación cuestionada en el extranjero puede interesar tanto a las autoridades de aquel país como a las argentinas. Por eso conviene abandonar la lógica de “lo que pasa afuera queda afuera” y asumir que las decisiones tomadas en un negocio internacional se miran, eventualmente, desde casa. El compliance es lo que permite afrontar ese escrutinio con respaldo.

Por qué el riesgo crece afuera

Las operaciones internacionales suman capas de riesgo:

• Intermediarios, agentes y representantes locales que actúan ante administraciones extranjeras.
• Marcos regulatorios y prácticas distintos, a veces más opacos.
• Distancia que dificulta el control directo de lo que se hace en nombre de la empresa.
• Pagos a “facilitadores” para destrabar trámites en otra jurisdicción.

Buena parte del peligro llega por la cadena de terceros: un agente local que paga para “agilizar” puede arrastrar a la compañía aunque la cúpula nunca lo haya ordenado.

Cómo protege el compliance

El programa de integridad debe reforzarse para el negocio internacional: debida diligencia exigente de los intermediarios y socios extranjeros, políticas anticorrupción claras que no admitan excepciones por “uso local”, controles sobre los pagos y la documentación, y capacitación de quienes operan afuera. La clave es dejar rastro de que la empresa investigó a sus terceros y prohibió las prácticas indebidas, en lugar de delegar a ciegas en un representante.

La debida diligencia del intermediario extranjero es el corazón del asunto. Antes de contratar a un agente que abrirá puertas en otro país, conviene saber quién es, qué vínculos tiene con la administración local y cómo factura sus servicios. Las señales de alarma clásicas —comisiones desproporcionadas, falta de explicación sobre qué se paga, insistencia en operar sin contrato o en efectivo— deben encender la luz roja. Documentar esa verificación y pactar por escrito el compromiso del intermediario de actuar conforme a la ley es lo que distingue a la empresa que se cuidó de la que firmó sin mirar.

El valor frente a la Ley 27.401

Frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, poder acreditar un programa adecuado y previo al hecho, con controles específicos para la operación internacional, puede atenuar o eximir de pena. Estas causas suelen tramitar en el fuero penal económico y federal, donde demostrar que la empresa se cuidó —incluso de lo que pasaba a miles de kilómetros— cambia por completo su posición.

En resumen: la Ley 27.401 alcanza el cohecho transnacional, por lo que operar en el extranjero no libera a la empresa; un compliance reforzado, con debida diligencia de intermediarios externos y políticas anticorrupción sin excepciones, es la mejor defensa en los negocios internacionales.

Contenido informativo sobre derecho penal económico y federal; no es asesoramiento legal y su aplicación a un caso concreto debe confirmarla un abogado. Las escalas y los montos dependen de la normativa vigente.